El proyecto arrocero que impulsan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y el magnate George Soros “tiene consecuencias muy graves y directas para Monte Caseros”, aseguró a Tiempo Argentino Eduardo Galantini, intendente de esa ciudad, ubicada justo en el lugar en que el Río Miriñay desemboca en el Río Uruguay.
“Desde hace tres o cuatro años tenemos problemas con la calidad del agua de consumo porque en el Río Uruguay se está dando un proceso de eutrofización, que es cuando se le agregan nutrientes y agentes externos al agua, y esto tiene que ver, además de con los desechos cloacales, con los agroquímicos que se utilizan en los arrozales”, señaló Galantini y advirtió que “si la situación ya es grave hoy va a ser mucho peor si se le agregan 20 mil hectáreas nuevas de arrozales río arriba”.
El intendente señaló además que está terminando de elaborar una ordenanza, en la que resuelve “manifestar el más enérgico rechazo al megaproyecto” y propone “denunciar la presente situación a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y a la CARU solicitando su intervención”. Entre los considerandos, Galantini destaca, además del impacto ambiental negativo, “que sería la primera vez que un emprendimiento privado, en procura del beneficio de particulares, se apropie de un bien público de esta dimensión”.
Galantini adelantó además que la próxima semana se reunirá con las autoridades de Bella Unión, la ciudad a la misma altura que Monte Caseros pero sobre la margen oriental del Río Uruguay. El intendente correntino aseguró que los va a involucrar en la lucha contra la represa, que podría convertirse en el Botnia argentino. Al respecto, aseguró: “habría que ver qué pasa, si hay un conflicto como el de Botnia pero al revés razones no faltan, les estamos dando herramientas para denunciarnos”.
El intendente aseguró a este diario, además, que ya hubo un caso similar años atrás, en el que el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, al que acusó de “cómplice” de Aranda y Soros, tuvo un comportamiento distinto al que tiene en este caso. Para Galantini “todo este proceso está revestido de un halo de ilegalidad, tiene aristas muy sospechosas, porque un río no es de los propietarios de la tierra, es un bien público. El ex gobernador Arturo Colombi firmó un decreto que permitía el desmonte para poder inundar la superficie a convertir en arrozales: lo firmó el 9 de diciembre, justo un día antes de dejar el poder, luego la justicia declaró ese decreto inconstitucional pero la Legislatura –a instancias de Ricardo Colombi- votó una ley con texto idéntico.”
Por su parte, la legisladora provincial María Inés Fagetti de Mansutti, titular de la Comisión de Ecología y Ambiente de la Cámara de Diputados, aseguró a este diario que “el INTA, el Conicet, la facultad de Ciencias Exactas y otros especialistas opinaron que en lo que respecta a bosques de riberas, estos deben ser siempre preservados con el máximo cuidado y acá se hizo todo lo contrario y esto sólo se puede explicar por el hecho de que tiene que ver con lo poderosos que son los empresarios involucrados en este emprendimiento”.
Fagetti desbarató además el principal argumento de los lobbistas de la polémica iniciativa. “Todos sabemos lo que significa la producción de arroz, ocupa muy poca mano de obra, y significa generalmente trabajo en negro y trabajo infantil; mientras se construye la represa puede ser que haya más puestos de trabajo, pero una vez terminado eso, la producción no ocupa mucha mano de obra”, confió a este diario. La diputada aseguró que “estos grupos se han encargado de hacer una fuerte propaganda diciendo que van a crear 1500 nuevos puestos de trabajo en la zona y muchos creen que con eso van a salir de la pobreza pero en realidad significa más pobreza, menos bosques y agua contaminada”.
A PUNTO DE INICIAR LA OBRA
La construcción de la represa Ayuí Grande ya casi no tiene obstáculos en el camino. Así lo confirmó un informe oficial publicado por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), donde aseguró que están dadas las condiciones para que comiencen las obras. El ingeniero Mario Rujana será el encargado de dar la puntada final, autorizando la concesión de aguas públicas. Es cuestión de días: este es el último paso.
El anterior fue garantizado con la sanción de la Ley (provincial) de Ordenamiento de Bosques Nativos (basada en un decreto firmado por el ex gobernador Arturo Colombi). En el artículo 34 sostiene que “los titulares de Planes de Aprovechamiento, Manejo Sostenible y/o cambio de Uso del Suelo (como es el proyecto de Aranda-Soros), calificados en el marco del Decreto del Provincial Nº 1439/09, quedarán firmes”. Es decir, el vicepresidente del Grupo Clarín y el magnate húngaro pueden, tal como pretenden, comenzar los trabajos el mes que viene. Sin embargo, las voces sobre la inconstitucionalidad del proyecto y de la ley provincial que lo habilita se hacen oír cada vez más.
Monte Caseros - Corrientes - Argentina
Monte Caseros - Corrientes - Argentina