El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció una acción de
amparo contra las obras realizadas en el arroyo Ayuí Grande, Corrientes.
"Nunca han aportado la información adecuada de la obra", señaló.
Sostuvo que es función del Estado "evitar el daño ambiental y un posible
conflicto internacional".
"Es nuestra función velar por los presupuestos mínimos
de preservación nacional y de conservación y aprovechamiento de los bosques
nativos", sostuvo en conferencia de prensa Aníbal Fernández, quien afirmó
que "el Estado solicitó los antecedentes a la provincia y la información
del proyecto en cuestión en reiteradas oportunidades".
El funcionario señaló que la decisión fue tomada para
"evitar el daño ambiental irreversible que acarrea la construcción de la
represa, y por la necesidad de garantizar los deberes de la Argentina por el
Estatuto del Río Uruguay".
"Pretendemos que la justicia dictamine el cese de la
obra y que se provea la información para poder garantizar que estemos dentro
del marco establecido en el propio estatuto".
Consultado en rueda de prensa sobre la supuesta
participación de uno de los directivos de Grupo Clarín en la construcción de la
represa, que implica la inundación de 8 mil hectáreas, Fernández respondió:
"No me guío por conjeturas. Las dos razones son claras, una por un tema
ambiental severo y otra por un posible problema internacional".
Fernández anunció que el Gobierno interpondrá un recurso de
amparo contra la provincia de Corrientes por la represa que autorizaron construir
sobre el arroyo Ayuí Grande. Pidió a la Corte Suprema de
Justicia que se aplique la medida de "no innovar" para frenar el
inicio de las obras, y la presentación de los informes de impacto ambiental por
parte del gobierno provincial.
"Es nuestra función velar por los presupuestos mínimos
de preservación nacional y de conservación y aprovechamiento de los bosques
nativos", sostuvo Aníbal, quien afirmó que "el Estado solicitó los
antecedentes a la provincia y la información del proyecto en cuestión, en reiteradas
oportunidades".
Argumentó que “la construcción de una represa y el inundar 8.000 hectáreas
para la producción de arroz en la provincia de Corrientes puede tener un
gravísimo impacto ambiental y compete al gobierno nacional por ser un afluente
del río Uruguay, fuente hídrica que regula un tratado internacional”.
La secuencia
Explicó que el Gobierno solicitó en tres oportunidades los
estudios de factibilidad y los análisis de impacto ambiental de esas obras a la
provincia.
El primer pedido de informe lo realizó la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable el 3 de septiembre de 2008. En las siguientes
dos oportunidades los datos fueron solicitados por la Cancillería , primero
el 17 de febrero de este año y luego el 18 de agosto pasado.
En esa última oportunidad, el ministro de Relaciones
Exteriores, Héctor Timerman, realizó una conferencia de prensa en la que alertó
sobre el posible impacto en las relaciones bilaterales con Uruguay.
"Nunca aportaron la información adecuada de la obra para
poder ejercer la responsabilidad que tiene constitucionalmente el Gobierno
Federal sobre la protección del medio ambiente, y además, para poder cumplir
con las obligaciones internacionales", enfatizó el Jefe de Gabinete.
Explicó que, si se avanza en la construcción de la represa,
"se puede producir un gran daño ambiental y generar una gran pérdida
biológica", pero que se podría también incurrir en una violación del
Tratado del Río Uruguay.
"Ese tratado internacional es de público conocimiento,
porque hace tan sólo meses la presidenta Cristina Fernández y su par del
Uruguay, José Mujica, alcanzaron un acuerdo por el conflicto que se había
desatado por la construcción de manera inconsulta de la planta ex Botnia",
actual UPM, señaló.
Se refirió al acuerdo que firmaron los jefes de Estado luego
de cuatro años de conflicto y de un fallo a favor de la Argentina de la Corte Internacional
de la Haya.
"Por eso es que se presentó el recurso de amparo, para
frenar cualquier tipo de obra que pueda estar en ejecución" y que el
Gobierno correntino pueda haber autorizado sin enviar previamente la
información necesaria al Gobierno Nacional, explicó Aníbal Fernández.
La presentación ante la Corte Suprema se
ampara en la Ley General
del Ambiente (25.675) y en la Ley
de Protección de los Bosques Nativos (26.331).
Consultado sobre la posible vinculación de un directivo del
diario Clarín en la construcción de esta represa, el funcionario negó tener
datos certeros. "Lo que sé, lo sé por chusmeríos, no por datos
fehacientes. Así que no puedo decir nada al respecto", expresó.
Monte Caseros - Corrientes - Argentina
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