En conferencia de prensa el jefe comunal de Monte Caseros
expuso los resultados del trabajo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes.
De la auditoría del año 2009, solo pudieron auditarse 9 meses por la falta de
información sobre los últimos tres. De los más de 15 millones en movimientos
contables que fueron examinados, sobre una cifra superior a los 5 millones 400
mil pesos se determinó, la existencia de lo que tan solo con inocencia –y a la
ligera- podrían considerarse “desprolijidades”.
“Desde que asumimos mencionamos, y denunciamos, numerosas
irregularidades detectadas en la gestión anterior, lo que nos motivó a solicitar
esta auditoría mediante un convenio suscripto con el Tribunal de Cuentas
homologado a través del Concejo Deliberante, para evitar cualquier tipo de
suspicacia. La auditoría que este organismo realiza evalúa solamente desde un
año atrás, por lo que se analizó desde el año 2009 y, de este el período, enero
– septiembre ya que para los restantes tres meses, señala el informe, no se
contaba con documentación suficiente para el análisis”, explicó Galantini.
“Las conclusiones son por demás elocuentes respecto a la
manera en que la autoría encontró esto. El examen es muy complejo y contiene
una serie de datos muy extensos para su lectura en este momento, pero
básicamente señala en sus conclusiones desprolijidades con las que se realizaron
pagos y registraciones, impidiendo una correcta transparencia del manejo y
control en menoscabo de fondos públicos. Se han formulado observaciones por $5.460.271.-
lo que equivale al 35% sobre el total de pagos de órdenes emitidas. Esto
significa que de 15 millones auditados hay mas de cinco que no se sabe donde
fueron a parar”, comentó el intendente sobre el informe.
Sobre estas órdenes de pago que totalizan la millonaria suma
mencionada, en un detalle específico, -una a una-, se indica que se desconoce
el destino del dinero o que fueron objeto de maniobras reiteradas de cargar la
orden de pago al sistema informático comunal sin contar en los archivos con el obligatorio
resguardo del comprobante original, con la firma de quien recibió el dinero.
“Es evidente que la administración anterior intentó limpiar
todo esto antes de irse, pero nos presentamos unos días antes de asumir y nos llevamos
los archivos informatizados por lo que no pudieron desaparecer los datos
registrados en las computadoras. Solo pudieron hacer desaparecer los
comprobantes”, explicó Galantini sobre estas incongruencias.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
“Debilidades de control interno y facultativo ocasionando el
desvío de operaciones respecto a los procedimientos normales, el desorden observado,
las inconsistencias y debilidades del sistema, afectaron la confiabilidad y la
calidad de la información contables suministradas. Se destaca la falta de
rendición de cuentas de la administración saliente y la falta de aprobación de
cuentas del Concejo Deliberante en el periodo auditado”, son algunos de los
juicios emitidos por los contadores expertos que se ocuparon de revisar y
concluir, finalmente, que por todo lo señalado no hay elementos suficientemente
válidos para justificar los más de 5 millones de pesos del patrimonio del
municipio objetados.
En esta cifra, recordó Galantini, no figuran tampoco los 140
mil pesos del cheque objeto de extrañas maniobras económicas detectadas a fines
del 2007. Aquellas que Cornaló intentó justificar con la compra de un camión
recolector, una estafa nunca denunciada a la justicia que habría frustrado la
operación de compra, según el ex intendente.
DEBE INTERVENIR LA JUSTICIA
El informe será enviado al Concejo Deliberante para que este
determine las acciones a seguir.”Con una mirada atenta voy a seguir cuáles son
los pasos que toman los concejales, quienes deberían exigir que esta información
sea presentada a la justicia. Máxime cuando su emisor es el Tribunal de Cuentas
Provincial, un instituto autárquico, conformado por contadores expertos, sin
vinculaciones políticas y absolutamente autónomo, por lo que su informe no
puede ser tomado con ligereza ni evaluarse como manchado de ningún tipo de
parcialidad. Habitualmente los concejales están muy preocupados por las
cuentas, imagino que prontamente van a ocuparse del asunto para que se efectúe
la denuncia penal” reflexionó Galantini.
“Acá se robaron la plata. Estas son las cosas que
desacreditan a la política, por lo que espero que la justicia intervenga en el
caso y lo haga además con la severidad que esto amerita. Responsable no hay uno
sólo, responsable político es sin dudas el intendente anterior pero no
necesariamente fue el único que se ocupó del desvío de los fondos. Varios
funcionarios debieron saber lo que ocurría y por acción u omisión, participaron”,
concluyó Galantini, quien informó además que a partir del convenio suscripto
con el Superior Tribunal de Justicia todos los movimientos contables de la
actual administración también son objetos de la auditoria en forma trimestral.
ESCANDALOSAS IRREGULARIDADES
Documentación que se contradice. Facturas con enmiendas.
Compras sin altas en el inventario. Falta de comprobantes de reintegro en caja.
Falta de documentación. Boletas “truchas”. Fotocopias que reemplazan documentos
que deberían ser originales. Ordenes anuladas en registros manuales y vigentes,
y abonadas, en sistemas informáticos.
Más de 800 mil pesos corresponden a egresos de dinero
registrados tras las elecciones de octubre de 2009. De una cifra superior a los
3, 5 millones de pesos falta la ineludible orden de pago original.
De 195 resoluciones emitidas entre el 1º de enero y el 10 de
diciembre, 28 cuentan con número duplicado, 23 no poseen firmas y otro
importante número carece de la firma del Secretario de Hacienda o del
Intendente.
Se detecta también un elevado monto en concepto de pago de
subsidios sin que los recibos de pago estén firmados por los beneficiarios,
siendo en la mayoría de los casos, las firmas que poseen los documentos no
identificables. Hay caso en que no coinciden con la del beneficiario ni se
adjunta poder que permita el cobro por un tercero. 20 mil pesos que figuran
como que se habrían otorgado como subsidio a la Comisión de Doma, no
fueron nunca recibidos por esta, señalaron sus integrantes por escrito a la
comuna.
27 columnas de alumbrado –colocadas en calle Uspallata-
fueron adquiridas sin llamado a concurso de precios, y sin resolución de pago,
por una suma de casi 100 mil pesos. La proveedora de estos elementos eléctricos
industriales, días más tarde fue también proveedor de la comuna de elementos
sin relación con el alumbrado público, tales como frazadas y colchones durante
los últimos días de noviembre.
4 computadoras personales fueron adquiridas, pagadas, y
nunca fueron recepcionadas en la comuna ni se ingresaron al inventario. Tampoco
pudieron localizarse físicamente en la comuna.
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