En simultaneo, mientras el “Momo” Venegas era encarcelado por su relación con la causa judicial de los medicamentos truchos, una investigación exclusiva de la revista XXIII puso en evidencia su complicidad en una serie de pactos sindicales, empresariales y políticos a cuyo amparo vino creciendo el “negocio” de la explotación laboral en el campo argentino, un sector donde el 75 por ciento de los peones está “en negro”, y día a día se conocen nuevos casos en que la precarización llega a situaciones de verdadera esclavitud.
La Federación de Agrupaciones Peronistas y la sindical UATRE seria la estructura con la que Venegas busca apoyos para el proyecto “Duhalde 2011". Denuncias y testimonios exclusivos de la adhesión forzosa de trabajadores del campo al proyecto electoral duhaldista, son las pruebas del nuevo escándalo. Una jugada donde el uso político de los peones rurales es mercadería electoral y como siempre el único que pierde es el trabajador. Una realidad de la que ningúna ciudad de la Argentina escapa.
Veintitrés reveló cómo la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y las patronales de la Mesa de Enlace acordaron delegar el supuesto control de las condiciones de empleo en el campo a una compañía vinculada al ex presidente Eduardo Duhalde. A la sombra de este armado con sello duhaldista descansa un sistema que, tranqueras adentro del “boom” agropecuario, flexibiliza a dos de cada tres peones, privándolos, a ellos y a sus familias, del sueldo y los derechos que les son propios.
Tras la publicación de ese artículo, un grupo de dirigentes y trabajadores rurales del norte de la provincia de Buenos Aires acercaron a la revista nuevas denuncias y testimonios sobre el “trabajo en negro”. El foco, una vez más, estuvo colocado en el secretario general de la Uatre, Gerónimo “Momo” Venegas, y en la alianza que mantiene con Duhalde, su jefe político de toda la vida.
Sin embargo, ya no sólo se trataría de gremialistas que hacen la vista gorda ante los abusos que sufren los peones, sino también del supuesto uso político de esa explotación. Es decir, dirigentes y punteros que, aprovechando la vulnerabilidad de los trabajadores flexibilizados, buscarían sumar adhesiones a un proyecto electoral.
Según los dichos de Julio César René -secretario general electo de la seccional 844 de la Uatre, delegación Salto, una localidad bonaerense a 200 kilómetros de Buenos Aires -y de varios de sus compañeros, la afiliación a la Federación de Agrupaciones Peronistas, así como al gremio que dirige el “Momo” Vengas (busca captar entre los trabajadores del campo adhesiones compulsivas para la candidatura presidencial de su padrino político, Eduardo Duhalde), fue la condición exigida a un grupo de trabajadoras para poder desempeñarse en la empresa Satus Ager: una semillera con operaciones en distintos puntos del suelo bonaerense y en cuyos campos la Afip ya detectó casos de “trabajo esclavo”. La misma firma también está siendo investigada por la posible comisión de los delitos de “trata de personas” y “reducción a la servidumbre” en el caso de 31 peones traídos de Santiago del Estero
Idéntico testimonio brindó Mario Osmar Sequeira, un estibador de granos que fue expulsado de la Uatre y de la Bolsa de Trabajo de Salto, según sus dichos, por desoír las directivas emanadas de Venegas y por su expresa militancia en el kirchnerismo.
Sequeira –otro dirigente que se une a Rene en la lucha contra la explotación de los trabajadores- se refiere al caso de las (cerca de) 200 mujeres que trabajan en la planta que Satus Ager tiene en el kilómetro 97,5 de la Ruta 191, desempeñándose en labores de deschale y selección de maíz, bajo la modalidad de contrato eventual.
“Trabajaban 12 horas en lugar de las 8 que marca la ley y reciben malos tratos por parte de dos punteras ligadas a la Uatre central: Norma Rojas y Roxana Martela. Aparte, a cada mujer que anotan le dan un carnet de afiliación. Si no, no entrás”, sostuvo René. “Te afilian de prepo o no trabajás”, agregó Sequeira.
También hablaron de “tratos inhumanos” padecidos por las operarias, con extensas jornadas en las que están autorizadas a una única visita al baño, en galpones donde el calor del verano se vuelve insoportable y sin asistencia médica dentro del predio.
Veintitrés tuvo además acceso a dos carnets de la Federación de Agrupaciones Peronistas que les fueron entregados a mujeres contratadas por la semillera en cuestión, cuyos nombres se mantienen en reserva. En el frente de estas credenciales, junto al membrete de la Federación, se ve la leyenda “Eduardo Duhalde presidente”. En el reverso, figura el nombre de la agrupación “Mujeres Rurales” y el de su secretaria, Carolina Llanos, así como la firma de Venegas.
En el organigrama de la Uatre, Llanos es Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género, además de coordinadora de la Red Nacional de Mujeres. Su tarea, en lo conceptual e irónicamente, sería la “lucha por la dignificación del trabajador, la trabajadora, los niños y niñas”.
Por último, las credenciales consignan el nombre de las afiliadas, que, al menos en los dos casos consultados por el medio, no estaban al tanto de su adhesión al proyecto duhaldista. Ambas mujeres relataron haber recibido estos carnets luego de que firmaran una planilla en blanco, un procedimiento que, aseguraron, se repitió con la mayoría de sus compañeras en Satus Ager.
“Este año, cuando nos dieron los carnets nos dijeron que teníamos que guardarlos, porque eran los carnets de las mujeres que trabajan en el campo, en el maíz”, relató una de las operarias dedicadas al deschale y selección de espigas. “Eso es algo que viene de Buenos Aires, de la Uatre, no es de la empresa”, agregó.
Por su parte, la empleada que figura en la otra credencial aportada por René y Sequeira, aseguró que a todas les hacen firmar una planilla en blanco y que si bien la mayoría desconoce con qué finalidad, tampoco dicen nada por temor a perder el empleo en la planta. “No hay mucho trabajo –explicó–. Además, las mamás que tenemos hijos estamos esperando los meses de la temporada para comprar las cosas de la escuela para los chicos”. Sobre el carnet de la Federación de Agrupaciones Peronistas, afirmó que “se lo entregan a cada una de las mujeres” y que, en su opinión, “es como si uno tuviera la obligación de votar a Duhalde”.
Por un sueldo bruto de 190 pesos, al que se le realizan descuentos que rondan el 21 por ciento, esta mujer aseguró tener que soportar una jornada laboral de 12 horas, bajo condiciones muy duras. Detalló que casi no las dejan ir al baño y que por eso “algunas chicas se orinan en la cinta de deschale”. Dijo que tampoco les dan permiso para ir a tomar agua, a pesar de estar trabajando “en un galpón donde una traga tierra, más el polvillo tóxico que trae el maíz”.
Respecto de su afiliación a la Uatre, la describió como algo que pasó sin que ella lo supiera. “Nos piden fotocopias de los documentos y con eso van y nos afilian. Pero hay gente que no se quería afiliar. Yo por ejemplo, no quería, y me hicieron afiliar así, sin saber nada”, concluyó.
Ante estos hechos, el pasado 18 de enero, la conducción gremial de Salto enfrentada a Venegas hizo una presentación en el Inadi, el organismo del Estado encargado de luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Según explicó la vicepresidenta del Inadi, María Rachid, la denuncia se encuentra en la etapa de instrucción, donde se consulta a testigos y se pide un descargo a la empresa. También se giró una notificación a la Unidad Fiscal competente, por la posible comisión del delito de “trata por explotación laboral”.
LOS “CHANGOS”
Peores condiciones que las de estas trabajadoras les estarían reservadas a los “changos”, comos llaman en los campos de soja y maíz a los trabajadores golondrinas que llegan del norte del país, principalmente de Santiago del Estero y Tucumán.
“Unos días atrás –relató René –me hablaron unos muchachos. Eran unos santiagueños que me llamaron para ver si los podía ayudar. Sabían que los habían llevado a un campo en Salto, pero no me podían dar la ubicación exacta porque, en realidad, no tenían idea de dónde estaban”.
En esa localidad agraria, como en muchas otras del fértil suelo bonaerense, la época de cosecha está marcada por la llegada de cuadrillas de peones que, reclutados y subidos a un colectivo por un capataz, deberán enfrentar condiciones de trabajo rayanas con la esclavitud.
Los “changos” viven hacinados en plantaciones donde están virtualmente prisioneros, bajo el mando de encargados que, “para que no se escapen”, les retienen los documentos. Trabajan 12, 14 o más horas, con sueldos ajustados casi exclusivamente al criterio de los patrones. Y al caer la tarde, cuando terminan la faena, se retiran a unas casillas de chapa, ubicadas a pocos metros del lugar donde trabajan.
“Y si es que tienen casillas –remarca Sequeira–. A veces, directamente, ponen un palo en el medio de una lona de camión y ahí les hacen la ranchada, al lado del bebedero donde toman agua las vacas”.
Por esta y otras situaciones escandalosas, los dirigentes de Salto responsabilizan al “Momo”; a Ramón Ayala, secretario de Organización de la Uatre; a Natalio Viernes Muñóz, secretario de Finanzas; a Oscar Ramón Ceriotti, presidente de la Junta Nacional, y a Pablo Miguel Ansaloni, quien tiene a su mando la delegación regional de la zona norte de Buenos Aires. “Ansaloni es delegado regional con oficina en Pergamino. Tiene unas 48 seccionales a su cargo y es la mano derecha del Momo”, sostuvo René.
Una larga lista de declaraciones y de documentación donde el campo argentino y el peón rural parecen haber quedado sepultados por el peso de la soja, del maíz y de las complicidades mafiosas.
POR CASA COMO ANDAMOS
El trabajo esclavo y el trabajo no registrado no son patrimonio de lejanas ciudades en la provincia de Buenos Aires, Monte Caseros no escapa de las estadísticas nacionales que marcan más de un 70% de trabajo no registrado en las áreas rurales. En este sentido el dato llamativo es la falta de controles desde los sindicatos como el UATRE, que mientras hace política con las necesidades de los obreros, no realiza las inspecciones para detectar los delitos mencionados luego de haberse obtenido, en el 2010, la incorporación de dos inspectores, solo para Monte Caseros, en la Delegación del Ministerio de Trabajo. ¿A quienes habrá que cubrir?
MEDICAMENTOS TRUCHOS
Si bien el delito de “trabajo esclavo” tiene su peso propio el dirigente de la Uatre, integrante de las 62 Organizaciones y cercano a Duhalde, tuvo una imagen más publica al ser apresado por orden del Juez Oyarbide, en el marco de la causa que investiga el tráfico de medicamentos adulterados y los presuntos manejos irregulares en la comercialización de esos medicamentos adulterados por parte de obras sociales sindicales.
Tras varias horas de detención el dirigente gremial debió depositar medio millón de pesos como fianza para quedar libre, momentáneamente, un uno de los delitos más detestables como es la adulteración de medicamentos.
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