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| Foto Tiempo Argentino |
Los procesos de memoria y justicia que se multiplican en
todo el país les otorgan una vigencia inédita a los Derechos Humanos. El
siguiente paso es desnudar la complicidad civil con la represión.
Los datos corresponden a la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos, que informó además
que existen 820 procesados en todo el país, de los cuales cerca de 400 ya
tienen al menos una causa en etapa de juicio. Este notable avance judicial,
impulsado por la lucha de los organismos de Derechos Humanos y las políticas
iniciadas por el ex presidente Néstor Kirchner, ha permitido que en este nuevo
aniversario del 24 de marzo de 1976 los máximos jerarcas y represores de la
última dictadura hayan sido condenados o se encuentren en pleno proceso penal.
El ex dictador Jorge Rafael Videla fue encontrado culpable y
sentenciado a la pena máxima a fines del año pasado en Córdoba por el
fusilamiento de presos políticos de la Unidad Penal 1 y, junto a Reynaldo
Bignone, está siendo juzgado como ideólogo del Plan Sistemático de robo de
bebés que incluye 35 casos de apropiación. El 24 de marzo comienza además con
la noticia de la sexta cadena perpetua que recibe el ex jefe del Tercer Cuerpo
del Ejército, Luciano Benjamin Menéndez, quien ya fue condenado en Tucumán en
tres ocasiones y otras tres en Córdoba
“Ya en los primeros meses de 2011, se puede avizorar un
próximo incremento de la cantidad de personas juzgadas y sentenciadas por la
justicia”, señalaron desde la Unidad Fiscal. A partir de abril, comenzarán
nuevos juicios en la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Rosario,
Corrientes, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Los Derechos Humanos y la necesidad de juzgar a los
represores se convirtieron desde 2003 en una política de Estado. Así lo
confirman los dichos del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien
ayer destacó que “los juicios de lesa humanidad son una política de los tres
poderes, que han contribuido a iniciar la que hoy es la principal experiencia a
nivel internacional en materia de investigación en causas por delitos de lesa
humanidad”.
De acuerdo con los registros del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), desde la reapertura de los juicios en 2006, cuando se
anularon las leyes de impunidad, 167 imputados fueron condenados y 15
absueltos, y un total de 1707 personas están o estuvieron involucradas en
causas vinculadas con el terrorismo de Estado.
En contraste con estos números, desde 2006 sólo nueve
personas cuentan con condena firme, ya sea que haya sido confirmada por la
Cámara Nacional de Casación o por la Corte Suprema de Justicia. Según la Unidad
Fiscal, estas demoras se centran sobre todo en los largos tiempos de Casación
para confirmar lo resuelto por los tribunales orales, por lo que la gran
mayoría de los represores condenados técnicamente todavía tienen prisión
preventiva con una condena no firme.
A esta situación se suman graves escollos de funcionarios
judiciales. Uno de los ejemplos más notables ocurre en la provincia de Jujuy,
donde el juez federal Carlos Olivera Pastor ya fue denunciado ante la Corte y
el Consejo de la Magistratura por congelar los procesos judiciales, y hace
menos de un mes fue escrachado por organismos de Derechos Humanos en la
provincia.
A pesar de los avances, algunos datos dejan ver la necesidad
de acelerar aun más ante la avanzada edad de las víctimas e imputados. El CELS
informó que de los 1707 imputados, 273 ya han fallecido. Tal es el caso de
Emilio Massera, que murió en noviembre del año pasado y logró de esa manera
evadir la justicia.
Además, mientras más tiempo se demore la justicia, mayor
peligro corren los testigos. Así lo demuestran dos casos extremos como la
desaparición de Jorge Julio López poco antes de la condena a Miguel Etchecolatz
y el asesinato en dudosas condiciones de Silvia Suppo en Santa Fe.
A medida que avanza el enjuiciamiento a los represores
militares, crece el reclamo de los organismos de Derechos Humanos por los
civiles que participaron directamente o colaboraron con la dictadura.
En los últimos días se conocieron los procesamientos del
Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza a los jueces Luis Miret, Otilio Romano, Rolando
Carrizo Elst y Guillermo Petra, quienes están acusados por no haber investigado
las denuncias que les llegaron por desapariciones y torturas mientras eran
funcionarios judiciales. En 2009, ya fue condenado en Santa Fe el ex juez
Víctor Brusa y se espera que avance la investigación sobre varios funcionarios
cordobeses que fueron nombrados en el juicio a Videla en Córdoba. La
responsabilidad de esa causa recaerá en el juez de La Rioja Daniel Herrera
Piedrabuena, que en los últimos meses sobreseyó al ex magistrado Roberto
Catalán y a otros 15 represores. Según el CELS, hay 178 civiles imputados.
Además de los jueces, integran la lista el ex ministro de Economía de la
dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, procesado con prisión domiciliaria por
el secuestro extorsivo de la familia Gutheim y Juan Ernesto Alemann, ex
secretario de Hacienda, acusado de haber ingresado a una sala de torturas de la
ESMA para interrogar a un detenido.
Quedaron expuestos también los delitos económicos que
formaron parte del plan de las Fuerzas Armadas y sus colaboradores. Un
relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos mostró que hay 604 casos de
empresarios que fueron despojados de sus empresas. Entre esas compañías estaba
Papel Prensa, apropiada por la primera Junta Militar y cedida a los principales
diarios luego de haber secuestrado y torturado a la familia Graiver, dueña de
las acciones. El gobierno se constituyó en querellante en esa causa luego de
una larga investigación y pidió que se procese a la dueña del Grupo Clarín,
Ernestina Herrera de Noble; al CEO del grupo, Héctor Magnetto, y al director de
La Nación, Bartolomé Luis Mitre, entre otros.
HOMENAJE LOCAL
http://www.elbicentenarioweb.com.ar/2011/03/24-de-marzo-joaquin-areta-quisiera-que.html****
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