En relación al caso de la menor que fuera víctima de un
aparente intento de secuestro indudablemente la población reclamaba información
oficial. No la hubo más allá de las negativas policiales sobre la existencia de
una denuncia, que sí existía. Para aumentar la preocupación existente apareció
en un “kiosco”, en libre distribución, supuesta documentación judicial.
Con suma liviandad el infranqueable “secreto de sumario”
desaparecía. No sólo se difundía el rostro, y las características del
individuo, sino que además se sumaba la fotografía donde se anexaba el pie del
dibujo con los datos y firmas de las autoridades judiciales y policiales
actuantes y de la propia víctima.
El medio de comunicación señalaba que la información había
sido obtenida en un kiosco, al que –supuestamente- la había llevado un policía.
Demás está decir, no hay al presente kiosquero que admita haber sido la fuente
de la información que fue publicada.
Más allá de la que ciudadanía exigía respuestas de las
autoridades respecto al caso, evidentemente poco aporta a la información la
difusión de aquello que –seguramente por cuestiones investigativas- era
resguardado.
Ahora bien, suma, claro, al temor que muchas veces limita
las denuncias y que con esta acción parecería claramente justificado. ¿Qué
garantía puede tener el denunciante de qué su denuncia será confidencial cuando
puede accederse a papeles de expedientes de causas en plena
investigación?
No se trata de culpar al medio, ni al supuesto kiosquero, ni
al culpado policía. La responsabilidad es de quienes debieron poner su máximo
celo para resguardar a la víctima, más aún considerando que se trata de una
menor de edad.
Horas más tarde, el portal de noticias, había quitado la imagen
fotográfica que mostraba en su pie los datos de la joven, pero aun así
permanecían en exhibición la imagen y las características fisionómicas de quien
sería investigado, aunque a nadie le consta que sea efectivamente esta persona
ya que más allá de esta información difundida extraoficialmente, continúan sin
brindarse informes policiales o judiciales.
Ni siquiera aquellos que afirmen o nieguen la veracidad de
este identikit, quedando abierta la posibilidad de que la ciudadanía estuviera
la búsqueda de un supuesto implicado que podría no ser tal.
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