Se cumplieron dos años de aquella madrugada del 10 de octubre de 2009 cuando luego de una prolongada vigilia la calle explotó en abrazos, festejando el fin de una vieja rémora de la dictadura, el decreto-ley que regulaba la radiodifusión. Finalmente, y luego de casi 27 años de lucha y gracias a la voluntad política de la compañera presidente, había nacido la ley de la Democracia.
Pero la lucha no terminaría ahí. Aquellos que habían perdido la partida en el seno del Congreso de la Nación, trasladaron la discusión al interior de la justicia. Y así como antes judicializaban la protesta, ahora judicializaban las leyes de la democracia.
El resultado fue, un año la ley bloqueada por una medida cautelar hasta que se expidió la Corte Suprema y bloqueos parciales que aún continúan.
Se está trabajando, se está avanzando, quizá más lento de lo que algunos quisieran, pero seguro que mucho más rápido de lo que unos pocos (pero muy poderosos desearían).
La falta de pluralidad de voces, la centralización de contenidos en la zona metropolitana y las restricciones en el acceso que aún presenta nuestro sistema mediático es el resultado de la combinación de la vigencia de la ley de la dictadura cívico-militar con las políticas neoliberales de los años ‘90. Dichas políticas, cuando dictaron normativa en radiodifusión modificaron aspectos de la anterior ley a favor de la creación y consolidación de grupos económicos, los cuales llevaron a la concentración de dicho sistema en pocas manos.
En los últimos años, entre el 60 y el 70% de lo que se emitió en nuestras provincias provino de los cinco canales de Capital Federal. Ocupó, además, el horario del prime time y centralizó, asimismo, la pauta publicitaria. Esto produjo un desfinanciamiento crónico de los canales del interior, dependencia estructural e imposibilidad de generar fuentes de trabajo en la industria cultural a nivel local.
Pero el cambio ya comenzó. Ahora sabemos quién emite, quién nos habla y desde que lugar y el Estado garantiza que cada vez sean más y con diversas miradas con el objetivo de fomentar la pluralidad.
La aplicación de las cuotas de pantalla implicará una reactivación y/o creación del sector PyMe de producción de contenidos, abriendo nuevas fuentes laborales para todo el sector de los trabajadores de la comunicación y la cultura.
Florecerán los servicios de televisión de baja potencia con nuevas estéticas, otras agendas; otra cercanía con los públicos. El ingreso de PyMes y cooperativas a los servicios de cable con nuevas señales locales, la televisión digital y el fortalecimiento de los medios públicos otorga, de hecho, otras miradas, otras voces: más democracia.
De lo que se trata, y por eso festejamos la ley, bregamos por su cumplimiento, acompañamos su aplicación, es de una batalla fundamental: la batalla cultural, la batalla por el sentido, por el derecho a la palabra.
Militamos para una comunicación democrática, plural, participativa.
Militamos para una cultura popular.
La Campora Monte Caseros
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