En un barrio de alta situación de vulnerabilidad, con
problemáticas y luchas cotidianas, como lo son la de combatir la drogadicción y
el alcohol, vecinos denunciaron que una construcción precaria servía para
albergar ocasionalmente a personas que con sus “actividades”, alteraban la
tranquilidad barrial.
Esta denuncia trascendió cuando además en ese lugar se
encontró a un sujeto que era buscado por la policía, (encontrándose en libertad
condicional y desconociéndose su paradero), quien habría intentando abusar de
una menor en este predio, rodeado de descuidados pastizales.
Alertada por estos hechos la policía local, concurrió al
lugar señalado por los vecinos, encontrando allí a Ignacio Cáceres, quien fue
llevado detenido y se presume permanecerá en esta condición dada la violación a
los términos de su libertad condicional. Además en los últimos días había sido
denunciado por amenazas de muerte y violación de domicilio, por sus propios
vecinos.
Consultadas autoridades de la comuna local por los dichos de
la Coordinadora de los Derechos, señalaron que los vecinos habían solicitado
numerosas veces la intervención para desalojar este espacio, y que una vez este
se encontró libre, -tras la detención de Cáceres-, los mismos vecinos
informaron que procederían a derrumbar este lugar, conocido y peligroso refugio
transitorio que presumen se utilizaba con regularidad para el desarrollo de
actividades ilegales.
Abierto por los vecinos del lugar el diálogo con unos
jóvenes desocupados que circunstancialmente también ocupaban el espacio, estos
manifestaron que coincidían en la necesidad de realizar estas acciones, razón
por la cual habían dialogado en forma reciente con el jefe comunal solicitando
empleo, el cual les había sido otorgado con lo cual podían ya trasladarse a un
lugar que contará con condiciones mínimas de habitabilidad.
¿REPUDIO BARRIAL?
"Repudio barrial al abuso de poder de autoridades en
Monte Caseros. Una vez más, el método de la mentira y de las denuncias falsas,
vuelven a ser utilizadas contra los pobres para criminalizarlos y estigmatizarlos”,
comenzaba el comunicado que en referencia al hecho emitía la Coordinadora por
los Derechos y la Justicia señalando lo que, a su entender, habría sido un
procedimiento desarrollado sin considerar los derechos del delincuente detenido.
Denunciando abuso de poder político y policial, indica,
contrariamente a lo señalado a los distintos medios de Monte Caseros por los
vecinos, que estos se oponían a la demolición de la vivienda – lo que fue
rotundamente negado por los mismos-, y que el intendente les había ofrecido
trabajo para “acallar” sus protestas, lo que tampoco coincide con las
declaraciones vertidas de manera espontánea por los involucrados.
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