En una jornada histórica que se extendió durante dos días,
la Cámara de Diputados finalmente convirtió en ley en la noche de este jueves 3
de mayo, con los votos del oficialismo y amplio respaldo opositor, el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de abril para declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales.
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner reunió nada menos que 208 votos a favor, 32 en contra y 5
abstenciones, además de algunas ausencias significativas al momento de votar.
Según pudo analizar parlamentario.com, la votación marcó un récord superando
otras votaciones consideradas “históricas”.
Más de la mitad de la oposición apoyó en general el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo. El kirchnerismo contó con el acompañamiento del
FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas:
Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, PJ La Pampa y también Unión
Peronista.
El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron
entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra con énfasis
y por unanimidad. También se opusieron desde el Partido Demócrata de Mendoza.
La ley fue sancionada a las 21.30 tras un debate de
alrededor de veinte horas entre miércoles y jueves, luego de las intervenciones
de casi 200 de los 257 diputados, en medio de la algarabía que bajaba desde los
palcos colmados por distintas agrupaciones, como La Cámpora, el Movimiento
Evita y la Juventud Sindical, mientras los diputados kirchneristas se unían en
un abrazo.
Como estaba previsto desde el oficialismo, que cuenta con
mayoría numérica en ambas cámaras, el proyecto fue sancionado sin
modificaciones en su articulado, tal como venía del Senado, y se encamina a
convertirse en política de Estado, en línea con el alto grado de consenso
alcanzado.
A pesar de esto, el debate no estuvo exento de
cuestionamientos al vaciamiento de YPF y críticas al kirchnerismo por haber
apoyado la privatización de la petrolera hace veinte años.
Pero los bloques disidentes no lograron concretar sus
reclamos, que exigían expropiar también las acciones de la familia Eskenazi;
realizar una auditoría sobre todas las concesionarias; participar a todas las
provincias de las ganancias de la petrolera y derogar los decretos menemistas
que hasta hoy desregulan la política de hidrocarburos.
Más allá de esto, los diputados oficialistas confían en
lograr el pleno autoabastecimiento de combustibles a partir de esta ley, y por
eso defendieron con énfasis la recuperación de la soberanía energética en el
marco de la política llevada adelante desde 2003 en esta materia.
Al momento de la votación se ausentaron once diputados:
Oscar Aguad, Hugo Castañón e Hipólito Faustinelli por la UCR; Omar Duclós y
Margarita Stolbizer del Gen -ésta última en el exterior-; el catamarqueño Pedro
Molas -de licencia por enfermedad-; las macristas Gabriela Michetti y Silvia
Majdalani; Ivana Bianchi (Frente Peronista), la cordobesa Estela Garnero y el
juecista Jorge Valinotto. Los presentes sumaron 246.
Los ejes de la ley
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril lleva la denominación de
“Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y contiene 19 artículos.
Desde el primero se declara “de interés público nacional y
como objetivo prioritario” del país “el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y
comercialización” de los mismos.
Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la
política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara “de utilidad pública y
sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima
representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa
pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma
directa o indirecta”. El proceso de expropiación estará regido por lo
establecido en la Ley 21.499.
El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la
española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional,
mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la
Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI): Chubut,
Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento
de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46 por ciento en poder del
grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para los
distritos petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa,
mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.
Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad
anónima abierta, “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa
alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o
entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan
participación”.
El precio de la expropiación. La iniciativa oficial
establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado
por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la
totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y
suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con
las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las
tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en
representación de los trabajadores de la empresa.
YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido
durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.
Consejo Federal. Además, el proyecto crea un Consejo Federal
de Hidrocarburos con participación del Estado nacional y todas las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y
someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder
Ejecutivo.
Privatización de acciones. Como la expropiación de las
acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la
transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada
por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.
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