Trascendió en medios judiciales el llamado a indagatoria al
Gobernador Ricardo Colombi en calidad de imputado, en la causa por
“Enriquecimiento Ilícito, Falseamiento de Declaración Jurada y Asociación
Ilícita”, el próximo 4 de julio es la fecha en que debe presentarse, la versión
judicial, fue comunicada a las partes, por el Juez Carlos Soto Dávila, quien se
hizo cargo de la causa luego de la recusación al Juez ad hoc, Roy Nazer, hace
un par de meses.
A partir que se hizo cargo soto Dávila la causa tomó una
dinámica real y se efectuaron diversos pedidos de informes a organismos
nacionales sobre los estados patrimoniales de los imputados de Ricardo Colombi,
Marcelo Laslo y Elena Adad (su esposa).
La noticia confirmada determina que el mandatario provincial
acusado de “Enriquecimiento Ilícito, Falseamiento de Declaración Jurada y
Asociación Ilícita”, debe presentarse el próximo 4 de julio a las 8 de la
mañana en el Juzgado Federal de Paso de los Libres a fin de prestar declaración
sobre la causa. Asimismo ese mismo día están llamados a declarar a las 10 hs.
Elena Adad y a las 12 hs. Marcelo Laslo quien deberá ampliar declaraciones que
ya había efectuado al principio de la causa.
La notificación a las partes es real y hasta donde se pudo
averiguar el Gobernador todavía no había sido notificado, aunque sus abogados
ya lo hicieron en el día de ayer, dicha notificación debe entregarse en el
domicilio real del imputado, cabría saber si el domicilio del gobernador es en
el inmueble de Perú y 9 de Julio, justamente la casa que le fue “regalada” por
Laslo y que es objeto de esta denuncia.
Se habría solicitado la tasación de las casas que son objeto
de esta investigación al Banco de la Nación Argentina para que lo haga en el
plazo de 72 hs..
A pesar de que en dos oportunidades también salieron
versiones extraoficiales sobre el llamado al primer mandatario esta es la
primera vez que se confirma la misma y marca definitivamente que esta causa de
una gravedad institucional inédita va corriendo por los carriles que debió
tomar desde el principio. La presencia de un Juez Federal, el Dr. Carlos Soto
Dávila, garantizaría que el proceso siga los pasos correspondientes.
Cabe recordar que esta causa comienza con la denuncia del
“suicidado” Hernán González Moreno por “Evasión Impositiva” contra Ricardo
Colombi días antes de las elecciones provinciales del año 2009 debido a que el
entonces Diputado Nacional, que disputaba la gobernación contra su primo Arturo
Colombi, había recibido de regalo una casa cuya valuación estaba muy por debajo
de los precios de mercado y marcaba además una serie de irregularidades
notables. González Moreno aparece muerto pocos días después de efectuada la
misma y se caratula el hecho como supuesto suicidio.
En noviembre de año 2010 los senadores Rubén Bassi y Jorge
Barrionuevo y los Diputados Tamandaré Ramírez Forte, Irma Pacayut y Luis
Badaracco, todos del justicialismo, amplían la denuncia y aportan documentación
probatoria de “Enriquecimiento Ilícito, Falseamiento de Declaración Jurada y
Asociación Ilícita”, debido a que se detectó una nueva propiedad comprada por
Marcelo Lazlo y “regalada” a Ricardo Colombi en el mismo acto de la compra al
igual que la denunciada por González Moreno. La documentación aportada por los
legisladores fue lapidaria. Estaban involucrados Marcelo Lazlo, su esposa,
Elena Adad y la Escribana Dionisia Báez. Se denunció además escuchas
telefónicas ilegales por parte del gobierno.
LOS HECHOS
La causa comenzó con una denuncia efectuada por el
periodista Hernán González Moreno pocos días antes de la elección del año 2009
en el Juzgado de Paso de los Libres por “Evasión Impositiva” debido a la
adquisición de un inmueble en Perú y 9 de Julio en la capital correntina por un
empleado del PAMI, Marcelo Lazlo, y que es la residencia del actual gobernador
Ricardo Colombi, la misma estaría valuada en $ 600 mil cuando su valor real de
mercado en de más de tres veces el mismo. Dicha propiedad fue “dada” o
“regalada” a Colombi por el adquirente Marcelo Lazlo. Pocos días después de
efectuada la denuncia González Moreno apareció muerto con un tiro en la cabeza,
hecho que se encuentra todavía en investigación.
Marcelo Lazlo, empleado del PAMI, adquiere en el lapso de 98
días entre el “31 DE NOVIEMBRE de 2006” (no es un error dicha fecha figura en
la documentación presentada) y el 8 de marzo de 2007 dos propiedades valuadas
en más de $ 1 millón y en el mismo acto da un poder especial a Ricardo Colombi
para que haga lo que quiera con dichas propiedades, una situación que deja
dudas por el lado que se lo mire. La Escribana actuante es Dionisia Baez de la
ciudad de Corrientes. Con respecto a la fecha “31 de noviembre” genera un gran
interrogante ya que es impensable que un profesional cometa semejante error,
pero lo que de hecho puede suceder es el estado de impunidad tan grande con que
se manejaban que no tuvieran en cuenta estas “minucias”,
Se desprende de dichos documentos públicos que hay una
“Actitud Fraudulenta tendiente a esconder al verdadero propietario de los
inmuebles”, dado que es muy improbable que una persona empleada del estado,
trabaja en el PAMI, compre inmuebles por más de $ 1 millón y los “regale” a
quien en ese entonces era Diputado Nacional, su correligionario Ricardo
Colombi. De hecho Marcelo Lazlo y su esposa deberán justificar dichos activos.
Las curiosidades en este caso no terminan, dado que Lazlo
antes de comprar el inmueble de calle Perú y 9 de Julio, entrega de seña $ 150
mil, y en el boleto figura que es a cuenta de los $ 600 mil que valdría la
propiedad, hay que recordar que en el mercado la misma está valuada en por lo
menos 3 veces más ya que es una verdadera mansión, pero al escriturar se abonan
los $ 600 mil sin descuentos, no se reclama la seña.
Otro de los hechos llamativos es que las propiedades se
encuentran en Corrientes, Marcelo Lazlo y esposa viven en Corrientes, la
escribana Dionisia Báez ejerce en Corrientes, pero las escrituras fueron hechas
en Santo Tomé, una situación totalmente confusa que lleva a generar innúmeras
conjeturas, ninguna de ellas que se atengan a derecho.
Es evidente que ante las pruebas aportadas se estaría ante
la figura de un testaferro o “hombre de paja” ya que es muy poco probable que
un empleado estatal pueda justificar la disponibilidad de dicho dinero para
regalarlo, con el agravante que las propiedades estarían subvaluadas situación
que impondría que se inicie otra nueva investigación sobre los vendedores.
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