Autoridades comunales dialogaron con la prensa en la tarde
de este lunes 23 de julio en relación a la desaparición -y posterior hallazgo- de la joven Gabriela
Castillo Ramírez. Explicaban así públicamente las circunstancias sociales de
esta familia de personas discapacitadas por la que la comuna en reiteradas
oportunidades solicitó la intervención judicial.
La despedida de los restos de Gabriela se realizó en la
mañana del domingo. Con la sencillez y la humildad que la rodearon toda su
vida. Sin automóviles que rodearan la casa fúnebre, pero con un grupo numeroso de
allegados que acompañó su féretro hasta el auto que la llevó –sin ninguna
corona- , hasta el Cementerio local.
Sin embargo, en perfecta coincidencia con su búsqueda, la
acompañaban en la despedida muchas menos personas que las que a través de redes
sociales o medios de comunicación opinaban, juzgaban y lapidaban a diferentes
personas, sentadas desde la comodidad de su casa. Personas que vieron sin ver a
Gabriela (y a tantos otros) muchísimas veces (en el centro, en el campo o en la
ruta). Personas, que en apenas unos días más ya no volverán a acordarse de
ella.
“Nos convoca la grave muerte de Gabriela Ramírez, una joven
menor de edad con capacidades diferentes. Lamentando mucho que quienes nunca se
ocuparon de la niña hoy se rasguen las vestiduras intentando buscar culpables de
lo que sucedió”, introdujo el intendente Eduardo Galantini quien convocó a la
prensa para presentar junto a la Secretaria de Promoción Humana –abogadas y
asistentes sociales del área-, el responsable de Asesoría Legal, y la Directora
de Discapacidad un análisis de la situación que, sostuvo, no solo era
previsible sino además evitable.
“El responsable es el Estado. Esta es una familia en riesgo
social: con padre ausente, con madre con discapacidad y dificultades para
atender la problemática, grave y compleja de sus hijos. No es un caso aislado
en la ciudad, ni lo es tampoco en esta familia donde existen otros menores que
estuvieron y están en riesgo. Buscamos que esto no ocurra más porque
lamentablemente creemos que esto puede volver a ocurrir“, enfatizó Galantini.
Se expuso así como se contaba desde la comuna con perfecto
conocimiento de la complicada situación que rodea a esta familia. Relató la hoy
Directora de Discapacidad, Laura Agolti, presidente además de APAPED (Asociación
de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad), como acompañaba y seguía a
esta familia aún desde mucho antes de contar con ninguno de estos cargos, como
simple miembro de la comunidad.
“Conocía a la familia en el año 2004 cuando Gabriela era muy
pequeña y era su hermano mayor, Sebastián quien deambulaba en la calle. Conseguí
ese lugar donde viven actualmente, lo mejore consiguiéndole chapas y ladrillos,
e incluso Sebastián vivió en mi casa durante un año hasta que la insistencia de
su padre hizo que se escapara. Con diez años él ya contaba horrores”, relató
Agolti. Señaló que ya desde el 2010, la policía rescataba a Gabriela de la ruta y
que su madre se acercó en ese momento a
solicitar ayuda “No puede pasarse la vida corriendo detrás de los hijos expuso,
y entonces busque ayuda en el juzgado exponiendo mi voluntad de ayudar”. Agolti
relató que incluso buscando colaborar buscaron el lugar que pudiera ser más adecuado
para Gabriela y sugirieron al Juzgado un lugar en Itatí. Nunca se obtuvieron respuestas.
Indicó que tanto desde APAPED como desde la Secretaría de Promoción Humana las
visitas al hogar de Gabriela eran al menos dos veces por semana.
“Muchos no tienen idea ni siquiera de donde vive. Muchos hoy
hablan, y juzgan, sin saber en lo absoluto lo que es convivir con la
discapacidad. Integrar no se da desde la lástima sino desde el quehacer”,
lamentó.
Galantini continuó “Pensamos
que esta situación debía estar atendida por la Justicia y a lo largo de varios años tanto así lo
reiteramos, tanto en forma oral como escrita. El Consejo Provincial de Niñez,
Infancia y Familia también ha sido creado con el objetivo de atender estas
situaciones pero en 30 meses de nuestra gestión nunca, jamás, se acercó a
dialogar para analizar cómo articular el trabajo para no llegar a un final tan
doloroso como este”.
“Nos cansamos de concurrir
y sugerir al Juzgado. De enviar informes socioambientales que claramente
señalaban que esta menor requería atención y medicamentos en forma permanente y
que no recibía porque su madre no alcanzaba a comprender la gravedad de la
situación. Advertimos en numerosas ocasiones que era necesario nombrar un
curador (tutor), y de esto que relatamos posemos las notas que constatan que lo
reiteramos permanentemente. (La última nota, con informes médicos y sociales
fue recibida en el juzgado el 11 de abril). La Justicia respondía minimizando
la situación y solo hablando de recursos como “comprarle un televisor”, o de arreglarle
las goteras, o de cuestiones que no podía solucionar la comuna porque no podía
construir una vivienda en un lugar donde no había acceso a servicios básicos.
Sin embargo no la Justicia no exigía el cumplimiento de la ley y el decreto
provincial que marcan que el 10% de las viviendas construidas por INVICO deben
entregarse para este tipo de familias. La Justicia debió citar al Consejo para
que evaluara la situación de riesgo social y ordenar a la Provincia asignar a
este tipo de familias las viviendas que no entrega porque opta por hacer de esa
reserva un reparto discrecional a amigos, punteros y familia, incluso superando
ese porcentaje ya que en la última entrega con este “supuesto” fin apartó no cinco
sino ocho viviendas”, señaló el jefe comunal
“La Justicia tiene permanentemente un rol contradictorio
ante estas situaciones: por un lado solicita a la comuna intervención y por
otro le niega información –negando acceso a los expedientes- señalando que no
somos parte de las situaciones. Nosotros no somos órgano ejecutor de estos
organismos (ni de la Justicia ni del Consejo de la Niñez), y sin embargo nos
dan órdenes”, resumió.
Refiriéndose al último informe presentado, sobre la menor
hoy fallecida, a la justicia de fecha 25 de abril, el Intendente leyó parte del
escrito que señalaba que la familia habita en una zona inundable sobre calle
Timboy, que las condiciones de habitabilidad no son óptimas y que el municipio
no contaba con terreno disponible, que la joven se encuentra en estado de
abandono y necesidad. Se destaca en este escrito su situación de discapacidad y
la necesidad de asignar su tutela, ante la falta de escolaridad y de atención
médica y de las reiteradas ocasiones en que se desconoce su paradero, así como
la misma discapacidad de la madre”.
Refiriéndose luego a la ausencia e inacción del Consejo Provincial
de Niñez, Adolescencia y Familia, recordó que el primer y único contacto que este
organismo tuvo con la comuna fue “para reclamar dos sillas, un escritorio y un
mueble que habían dado a la gestión anterior”.
Sostuvo Galantini sin embargo que de manera frecuente recibe de esta
institución provincial mandatos, que la Justicia le asigna a éste, solicitando
cosas como que "la comuna asigne personal técnico y realice informes con
actualizaciones mensuales o busque la comuna más cercana que cuente con los
recursos para hacerlo”, en determinadas cuestiones. La gravedad de la despreocupación y el
desconocimiento de esta área del Gobierno Provincial se evidencia incluso en
las notas que en ocasiones son dirigidas “al CIC” (Centro Integrador
Comunitario), que es simplemente es un edificio y no es ni un cargo ni una
persona dentro de la estructura comunal”.
“La misma comuna realizó la denuncia de desaparición, no fue
el Juzgado ni fue la familia. Y fue también la comuna la que se puso al frente
de la búsqueda con un colaboración comunitaria que lamentamos que haya sido muy
poca. La responsabilidad, es del Estado, es del poder judicial y del gobierno
provincial. Estamos evaluando con nuestro asesor legal la posibilidad de
realizar una denuncia ya que hubo la muerte de una menor por negligencia.
Además advertimos que existen otros casos en los que tenemos disidencias con el
juzgado y en los que creemos que puede pasar lo mismo. Alertamos sobre niños desprotegidos,
descuidados, sin alimentación y sin abrigo y sin la protección de sus padres …
si no se ocupan, va a haber otra Gabriela”.
“Las situaciones de familias en riesgo no son para nosotros “noticias”
ante un hecho dramático ni un suceso morboso de la sociedad, son algo cotidiano
en lo que trabajamos con todo nuestro esfuerzo. Queremos también deslindar la
responsabilidad que hoy se está asignando a la madre y a su familia porque son
personas discapacitadas. Es el Estado, que son la comuna, la justicia y la
provincia, en este caso es este último quien tiene mucha responsabilidad. Desde
la comuna hicimos todo, y advertimos y reiteramos sobre esta situación a una
Justicia que no se ocupa de intimar al Consejo Provincial de la Niñez a que
cumpla con sus competencias, con las que le fueron asignadas por la Ley
Nacional 26061. Esto nos lleva hoy a este dolor de tener una criatura muerta
por culpa del Estado, de una muerte joven que se podría haber evitado”, sostuvo
Galantini.
Finalmente instó a los periodistas y también a la sociedad a
no dejar de ver esta responsabilidad, “Es necesario que los responsables sepan
que están siendo observados para que modifiquen su conducta y estos hechos no
nos vuelvan a ocurrir”, concluyó.
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