La Cámara baja convirtió en ley las modificaciones a la norma para eliminar el consentimiento como causa de eximición de la pena y brindar asistencia del Estado a las víctimas. El proyecto fue avalado por unanimidad. La madre de Marita Verón vio la votación desde los palcos.
De manera unánime y ante la mirada expectante de Susana Trimarco, la Cámara de Diputados sancionó en su última sesión del año la reforma a la Ley de Trata de Personas que elimina al consentimiento de la víctima como eximente de toda responsabilidad penal y obliga al Estado a promover la reinserción social de las mujeres que caen en estas redes.
La nueva norma significó la reacción de los legisladores ante el fallo del tribunal tucumano que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón hace diez años.
Su madre arribó al recinto pasadas las 18 y presenció la sesión acompañada por sus abogados y la senadora kirchnerista Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano y autora de uno de los proyectos de ley sobre el tema.
El Frente para la Victoria, que impulsó el texto venido del Senado, contó con el apoyo de sus aliados tradicionales y todos los bloques opositores, que respaldaron la iniciativa en general y finalmente desistieron de introducir modificaciones. Sólo hubo una única abstención, de la monobloquista Marcela Rodríguez, que había presentado su dictamen en minoría.
La Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas fue sancionada en 2008 e incorporó este delito al Código Penal. Sin embargo, desde aquel momento sufrió reiterados cuestionamientos por las bajas penas que establecía y las dificultades para operativizar el combate contra la trata.
La sesión extraordinaria pedida por la presidenta se extendió durante más de ocho horas, en un debate en el que casi ningún diputado se privó de hablar.
La flamante ley define como “trata de personas” al “ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
Además, establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.
También castiga con prisión de cuatro a seis años al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y al que “promueva o facilite la prostitución” de la misma. Si la víctima es menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión.
Se contemplan agravantes cuando, para someter a la víctima, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción; cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad.
Otra de las modificaciones obliga al Estado nacional a brindar asistencia médica y psicológica gratuita a las víctimas; otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo.
La nueva norma crea también un Consejo Federal y un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con la función de diseñar políticas públicas destinadas a combatir la trata y explotación de personas.
Asimismo, crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal un Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata y Explotación de Personas, y se le asigna el número telefónico 145 en todo el territorio nacional.
Por último, se establece que “siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes”. Información de Semanario Parlamentario.
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