Recostado en su sillón favorito, debajo de un enorme retrato de José de San Martín y con diarios del día apilados cerca de sus tres celulares, Ricardo Colombi desconfía. "Hay que estar atentos. Ésta es la punta del iceberg, dejan la puerta abierta para intervenir la provincia", denuncia el gobernador de Corrientes, en la soledad de su despacho y sin demasiados motivos para sonreír.
El kirchnerismo y sus aliados piden la intervención federal al Poder Judicial, mientras el radicalismo denuncia una campaña para sacar al gobernador Colombi, un año antes de las elecciones
Cuando falta menos de un año para las elecciones provinciales, en la caliente tierra del chamamé y los ríos caudalosos se libra una guerra abierta por el poder, que tiene a los estrados judiciales como principal campo de batalla. Intervenida en 17 oportunidades, hoy la provincia ve con asombro la cruenta pelea entre el gobierno radical que encabeza Colombi (único distrito que gobierna la UCR) y el peronismo local, que luego de cuatro décadas y con apoyo del gobierno nacional pretende llegar a la Casa de Gobierno provincial.
Acostumbrado a dar pelea en una provincia con lealtades políticas volátiles, Colombi desconfía principalmente del también radical, José María Roldán, aliado de su primo y ex gobernador Arturo Colombi, que hace diez días presentó, con un guiño del kirchnerismo, aunque en soledad, un proyecto para intervenir la justicia correntina.
El proyecto, que el jueves último ingresó en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que encabeza el ultrakirchnerista Marcelo Fuentes, repitió las quejas que peronistas y kirchneristas comparten sobre la justicia correntina: connivencia con el poder de turno, persecución de opositores y nombramientos a dedo. "El problema aquí no aparece con el proyecto del senador Roldán", afirma Fabián Ríos, diputado nacional y titular del PJ correntino.
"Desde el Poder Judicial actúan como apéndice del Poder Ejecutivo, activan denuncias contra la oposición. Ante esto, nos vamos a defender con todas las armas que tengamos a nuestro alcance", agregó, sin eufemismos, el candidato a gobernador derrotado por Colombi en 2009. Ríos afirma que la justicia local "ayudó" a Colombi a evitar declarar en una causa por enriquecimiento ilícito abierta contra él en la justicia federal. El resto del peronismo apoya, aunque con menos énfasis, el proyecto de Roldán, que tiene procesamiento confirmado por su presunta participación en la distribución irregular de publicidad durante la gestión de Arturo Colombi, una causa que alcanza al propio ex mandatario, hoy dedicado a largas caminatas por la renovada costanera local sin vinculación aparente con la política.
"No soy amigo de las intervenciones. Si bien las denuncias son serias, creo que la provincia tiene mecanismos como para sancionar a los jueces que cometen delitos", contestó a LA NACION Eduardo Galantini, intendente peronista de Monte Caseros y también precandidato a gobernador. Zigzagueante fue la actitud de Carlos "Camau" Espínola, intendente de la capital, que de exitoso regatista olímpico pasó a ser una furiosa punta de lanza de La Cámpora en tierra correntina. "Hay que hacer un esfuerzo por garantizar los derechos de todos, pero en todas las instituciones", dijo el intendente.
Rodeado por lo que en Corrientes ya denominan "los rubios" (jóvenes funcionarios camporistas que impidieron a LA NACION llegar a él, Espínola pretende, a criterio de Colombi, sacar provecho de la ofensiva sin exponerse. Al igual que Roldán, también tiene cuentas pendientes: está imputado por un derrumbe de un edificio en esta ciudad, que terminó con ocho muertos, y por la supuesta usurpación, junto a su padre, de la isla Meza. "Le voy a creer [a Espínola] que no tiene nada que ver cuando haga una conferencia de prensa junto a [Miguel] Pichetto diciendo que no apoyan el proyecto", retrucó Sergio "Checho" Flinta, senador provincial y mano derecha del gobernador.
La justicia correntina, en tanto, se defendió de las acusaciones y apuntó al kirchnerismo. "La denuncia no tiene entidad suficiente. La justicia podrá tener moras, pero está garantizado su pleno ejercicio en independencia", afirmó Carlos Rubín, titular del Superior Tribunal correntino. Desde su despacho, a pocas cuadras de la gobernación, Rubín dijo que a Colombi lo conoce desde hace muchos años, y nunca le dio una instrucción. "Los que tienen que probar que no somos independientes son ellos", afirmó Rubín, a quien Colombi (al igual que los otros miembros del tribunal, incluido su tío Juan Carlos Codello) designó en el cargo.
Nadie desconoce, de todos modos, que los cuestionamientos existen. Ejemplos: el ex gobernador Raúl "Tato" Romero Feris tiene tres condenas firmes y aún sigue libre, mientras está prácticamente cerrada la causa por la sospechosa muerte del joven Hernán González Moreno, dos días antes de las elecciones de 2009. De todos modos, Rubín tuvo, en estos días, dos respaldos fuertes: un comunicado de fuerte apoyo de la Junta Federal de Cortes, y un encuentro a solas con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
"En la provincia funcionan el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento. La supuesta injerencia política en esos ámbitos es nula", contestó el vicegobernador Pedro Braillard Poccard. "Quieren avasallar la autonomía provincial y presionar a los jueces para que no avancen contra ellos", se queja Colombi.
¿Prosperará? "Hay que ser realista. Los números mandan, y si tienen el número van a avanzar", se queja Colombi. El kirchnerismo promete seguir la batalla hasta el final
Fuente: LA NACION
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