Durante tres años, la sociedad argentina ha sido espectadora
de atropellos escandalosos para el sistema democrático perpetuados por el Grupo
Clarín y sectores de la corporación judicial, y muchas veces legitimados por
actores de la política que defienden los intereses de los grupos económicos
concentrados antes que los del pueblo. Pero como reza una conocida canción
popular, tarda en llegar y al final hay recompensa. Y la recompensa es que la
Ley de Medios de la democracia, pese a las incontables chicanas procesales, fue
declarada constitucional por el juez Alfonso en un fallo sobresaliente por la
solvencia técnica y jurídica.
La sentencia rechaza absolutamente todos los planteos
realizados por el multimedio y ratifica que la plena aplicación de la norma, no
sólo no vulnera ningún derecho, sino que, por el contrario, “un régimen que
articula los derechos de los operadores promueve la libertad de expresión”,
como vienen sosteniendo todos los funcionarios del Gobierno Nacional. La cadena
nacional del miedo y el desánimo quiso hacerle creer a los argentinos que se
venía una época de proscripción y censura, pero la justicia desechó de plano
esa mentira. Además, la resolución entiende que la ley no implica “un menoscabo
concreto y actual a derechos constitucionales de naturaleza económica”. La
Corte Suprema ya había aseverado que no estaba en discusión la libertad de
expresión, sino que éste era un pleito de índole patrimonial.
El Dr. Alfonso consideró que, ni siquiera en este aspecto,
la regulación de medios provoca a Clarín un gravamen irreparable. Es menester
recordar en este punto que las licencias del espectro radioeléctrico, no
pertenecen a los grupos privados, sino que son del pueblo argentino, el cual, a
través de sus representantes, concesiona su explotación a esos grupos. Aunque
en estos tres años el monopolio nunca realizó esta observación, hay que
enfatizar que no se le sacan licencias al Grupo Clarín, sino que se cambia de
concesionario de las licencias del pueblo en pos de la diversidad y la
pluralidad.
Héctor Magnetto y su ejército de abogados salieron
rápidamente a descalificar la sentencia y a arrojar un manto de sospecha por la
celeridad con la que se dictó. Es curiosa esa reacción teniendo presente que
semanas atrás, el mismo Grupo se había presentado ante la Corte porque
estimaban que estaban en un estado de “denegación de justicia”. El Máximo
Tribunal obró en consecuencia, instó al juez de primera instancia a que se
expidiera, para lo cual habilitó trabajar en días y horas inhábiles, y lo
proveyó de recursos humanos y materiales. Ahora que hay una sentencia de fondo
que era lo que el multimedio solicitaba, se quejan porque fue muy rápido. Hay
que sentirse impune para ser tan groseramente hipócrita.
Más allá de que se da por descontado que el imperio
mediático apelará el fallo, hay que resaltar que la medida cautelar está
extinta. La Corte había puesto la fecha máxima del 7 de diciembre, que fue
dilatada en un mamarracho jurídico por la Cámara Federal Civil y Comercial, la
que la prolongó hasta que hubiera sentencia. Ello ocurrió el viernes 14. A
pesar de que la resolución no va a quedar firme porque será apelada, la Afsca
tiene que empezar el proceso de adecuación forzada mientras en las instancias
superiores de la justicia continúa la discusión de la cuestión patrimonial.
Esto es así por cuanto no sólo llegó el momento que dispuso la Cámara, sino
también porque uno de los requisitos para conceder una medida cautelar es que
haya verosimilitud del derecho invocado. Esto significa, en este caso, que el
planteo de Clarín tenga algún tipo de asidero. Al haber una sentencia dictada
en conformidad con lo estipulado por el Código Procesal de la Nación, que
rechaza los planteos de la parte actora, la verosimilitud argüida cae de pleno
derechos, de modo que no existen fundamentos legales para extender la medida
mientras la Cámara resuelve. Habrá que aguardar para ver si el tribunal de
alzada se ajusta de una vez por todas a derecho, o frena la aplicación de la
ley en una nueva defensa de los intereses corporativos en desmedro del pueblo y
la legalidad. En ese caso, el Ejecutivo podría acudir a la Suprema Corte a
través del per saltum.
Al margen de las cuestiones estrictamente procesales, es
fundamental resaltar que la constitucionalidad de la Ley de Medios es una
victoria de la democracia y del pueblo argentino. Nunca un gobierno se sostiene
en el poder si no cuenta con un apoyo determinado: el apoyo puede ser del
pueblo, o puede ser de los grupos económicos. Esta década ganada, donde los
argentinos han sido testigos de innumerables transformaciones en beneficio de
las mayorías populares, sólo ha sido posible porque hay un pueblo concientizado
y movilizado que respalda el rumbo nacional y popular del país.
Los votos son
necesarios pero no suficientes: las políticas de soberanía política,
independencia económica y justicia social que se vienen implementando
ininterrumpidamente desde el 25 de mayo de 2003 se fortalecen, se profundizan y
se multiplican porque hay una sociedad que las avala y está dispuesta a
defenderlas. Y la Ley de Medios de la Democracia es hija de este proceso donde
las corporaciones se vieron obligadas a subordinarse a las directivas del
pueblo.
Desde 1983 se quiso modificar la ley de Radiodifusión de la
Dictadura Cívico Militar, pero se pudo concretar recién durante la presidencia
de Cristina Fernández de Kirchner porque fue, junto al de Néstor Kirchner, el
primer gobierno que tuvo autonomía de los grupos concentrados desde el retorno
de la democracia. Y la tuvo porque la sociedad logró salir del letargo
neoliberal para recuperar la política como instrumento de transformación. En
este contexto surge la Ley de Medios de la Democracia, que fue debatida en todo
el país, contó con un inmenso apoyo de distintos sectores y fue votada por una
amplia mayoría en el Congreso de la Nación.
Así y todo, hubo que esperar tres años porque los que se
creen por encima del resto de los mortales, si bien ya no usan los cuarteles
como supieron hacerlo, ahora utilizan los fierros mediáticos y judiciales para
no tener que resignarse a perder sus privilegios. De esa manera se tuvo que
asistir al lamentable espectáculo donde instituciones como el Consejo de la
Magistratura y la Cámara Civil y Comercial se transformaron en escribanías del
Grupo Clarín, dilatando la aplicación de la ley y lastimando el sistema
democrático. Frente a ese poder corporativo, ahora hay un pueblo fortalecido
que no se quedó dócil observando cómo avasallaban sus derechos, sino que salió
a exigir el respeto a la legalidad y la pluralidad, y culminó con
multitudinarias manifestaciones de la alegría en más de treinta ciudades del
país el 9 de diciembre.
Ante un nuevo intento de invisibilizar y menospreciar a los
argentinos, la población se puso firme, defendió su decisión soberana, y
triunfó por sobre las corporaciones mediáticas y judiciales. Hay un gobierno
que responde a los intereses del pueblo y por eso se puede afirmar que la
constitucionalidad de la Ley de Medios de la democracia es consecuencia de que
hoy tenemos un pueblo soberano. Fuente: 7d2012
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