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CONGRESO DE LA NACION: Defensa de Derechos Humanos e Internacionales






La construcción de asentamientos ilegales israelíes en Palestina es una política que Israel lleva a cabo en forma constante desde 1977, si bien los primeros casos documentados datan de 1967. En 1979, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 446, por primera vez declaró su ilegalidad, de acuerdo al artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra.



Tras su reciente visita a territorio Palestino, junto a otros legisladores y funcionarios nacionales, la Diputada Nacional María Elena Chieno, integrante de la Comisión de Amistad con Palestina, elaboró el proyecto de Declaración D-5074-13, ingresado al Congreso Nacional el 3 de julio. El mismo marca el repudio por la continuación de la construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino, acción que viola abiertamente al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos
 
En Cisjordania, lo habitual es que estos asentamientos se construyan en lugares estratégicos para la ocupación: en la cima de montañas, desde donde obtener un buen control sobre el territorio palestino, o cerca de ríos o vertientes. En la actualidad, el 60% de ese territorio se encuentra ocupado o afectado por asentamientos, así como el 86% del Valle del Jordán y del Mar Muerto, separando a los palestinos de sus recursos hídricos. 

Desde 1967 se han establecido 250 asentamientos, en los cuales el porcentaje de crecimiento de la población es mayor que en el territorio puramente israelí, siendo en los territorios ocupados esta tasa del 5,3% anual contra un 1,8% anual en Israel. Se calcula que son más de 360 mil los colonos israelíes que viven en Cisjordania, más otros 200.000 en Jerusalén este, la cual Israel se anexionó en forma ilegal, de acuerdo a la comunidad internacional.

Recientemente, en junio de 2013, el “Comité de Licencias” del municipio ocupado de Jerusalén aprobó la construcción de 69 viviendas nuevas en el asentamiento conocido como “Abu Gneam”; 900 unidades más en las montañas de Hebrón; se confiscaron 380 hectáreas de tierra al pueblo Kufor Kalil en la provincia de Nablus (Palestina) y se avisó a los habitantes de Silwan, Jerusalén, que deben abandonar sus casas porque serán demolidas. Estos dos últimos son pasos previos a la construcción de asentamientos.

La negativa de Israel a escuchar a la comunidad internacional y cumplir con el derecho internacional y con Tratados que ha ratificado, como las Convenciones de Ginebra, y las constantes violaciones en general a los derechos humanos de los palestinos, se convierten en un escollo permanente ante la voluntad de países como Estados Unidos de que se reanuden las negociaciones. 

El vicepresidente John Kerry ya ha manifestado ante ambos estados que la negociación para alcanzar la paz debe recomenzar en forma inmediata, a pesar de lo cual Israel continúa construyendo asentamientos, política que Palestina exige que se detenga antes de sentarse a negociar una vez más. Declarando que la paz debe alcanzarse sin condiciones previas, Israel sigue haciéndose de territorios a nulo precio, mientras fuerza a que cada vez aumenten más el número de refugiados palestinos y las condiciones deplorables de hacinamiento en que habitan dentro de su territorio legítimo, Palestina.




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