Un proyecto de regulación sobre la contratación de medios de comunicación fue presentado por el Concejal Ayala Ortiz. Lejos de referirse puntualmente a las diferencias visibles de inequidad y exclusión que se plantean desde el D.E. respecto al tema de la difusión y publicación de actos de gobierno.
La fundamentación propone AMPLIAR esa brecha y continuar fomentando que el gobierno local actue bajo el amparo de ciertos medios, presionando con su falta de apoyo la desaparición de los medios de comunicación de opiniones contrarias o disidentes a la actual gestión de gobierno o a las acciones de sus funcionarios (incluyendo a los ediles).
El respeto por la libertad de expresión y el derecho a la información (mediante la libre elección ciudadana de entre un número de voces plurales) no es hasta el día de hoy, característica distintiva de este gobierno.
Resulto por ello muy sorprendente escuchar que se presentaría en el recinto parlamentario local un proyecto de regulación sobre la contratación de medios de comunicación, cuestión indispensable para garantizar los derechos mencionados en forma previa, vulnerados de manera cotidiana con el simple hecho de que el departamento de prensa, y las distintas áreas comunales SELECCIONAN no solo a quienes otorgar una pauta publicitaria (no analicemos los montos ni las bases en las cuales se calculan esas cifras), sino que incluso SE NIEGA de manera sistemática e inequívoca a los medios que así lo desean desde el gobierno, el simple envío de información relacionada con actos de gobierno y acciones de funcionarios, lo que constituye un delito a los deberes que como gobierno les corresponde cumplir.
Lejos de encontrarse cercano al título del proyecto, este planteaba una nueva brecha. Resaltando sí, que la publicidad de los actos de gobierno y la difusión de actividades es obligación, el planteo final proponía la contratación de una PRODUCTORA DE NOTICIAS para la cobertura de las sesiones del concejo deliberante,EN VIVO
A tal fin se propone se soliciten los presupuestos y condiciones de los posibles prestadores del servicio, y se establezcan las partidas presupuestarias necesarias para abonar estos servicios. El proyecto fue pasado para su análisis a la Comisión de Legislación.
(Hacemos notar, que nuevamente se excluyen de estas oportunidades laborales que representan apoyos económicos concretos al funcionamiento de los medios, a quienes trabajan en la prensa radial, gráfica o digital, siendo que los consumidores de información utilizan todo este abanico de servicios, y que es función de los concejales el analizar también que la transmisión televisiva implica que haya usuarios con acceso económico al servicio de cable. )
Ojala, este sea un primer paso para realizar una modificación más amplia que permita igualar oportunidades tanto para los medios de comunicación como para la defensa de los derechos ciudadanos, regulando en su conjunto el tratamiento de la difusión de la información gubernamental local y el otorgamiento equitativo de pautas publicitaria, las cuales, es función y deber del gobierno, también transparentar ya que se abonan con recursos públicos.
Monte Caseros - Corrientes - Argentina
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