En Conferencia de Prensa desarrollada sobre el mediodía de este viernes 3 de junio CODEJU y OS expusieron en un documento las diferencias instancias judiciales que se encuentran en marcha en relación con la inseguridad, y particularmente con el caso Nino Largueri, una muerte aún no clarificada en la cual vergonzosamente el cambio de cáratula omite la investigación de su muerte, reduciendo el hecho a privación ilegitima de la libertad, y vejaciones, dejando de lado lo que fue el claro homicidio de un joven con capacidades mentales disminuidas, inexplicablemente -por simple diversión o capricho, quizás- , excluido de su entorno y expuesto al abandono y el terror por quienes debieron ser los principales custodios de su seguridad.
El resumen de la CODEJU y OS vienen a ofrecer tiene por
objetivo hacer visible uno de los flagelos más emblemáticos de la democracia
burguesa y es la violencia institucional. Nosotros queremos decir que, los
principales obstáculos para el respeto de la seguridad social y los DDHH, no
están en las técnicas jurídicas defectuosas, escasas o ambiguas, sino que se
asientan en una cultura institucional estereotipadas y estigmatizadora donde
los sectores de mayor vulnerabilidad: niños, jóvenes y mujeres, resultan el
blanco perfecto de prácticas impunes y protectoras que se ejecutan bajo
responsabilidad de quienes dirigen instituciones.
En el caso específico de esta conferencia estaremos hablando
de dos instituciones del Estado Provincial (Justicia, Policía) y del Municipio
propiamente dicho. Por lo tanto, asumimos nosotros que las responsabilidades de
lo que hoy vamos a anunciar aquí son responsabilidades de los Estados
Provincial y Municipal. Han sido esos mismos Estados los responsables por un
conjunto de prácticas entre las que: se deslindara la complicidad de
funcionarios policiales y omitieran pericias judiciales (caso Largueri) y se habría evitado la supervisión y control
municipal (caso Castagno).
Para que la impunidad no se nos haga costumbre es que nos
vemos en la necesidad de visibilizar los hechos que a continuación expondremos
y que buscan la condena social de los responsables. Hacemos esto, porque las
instituciones encargadas de velar por la justicia, la seguridad y el control
pertinente no lo hacen y son ellos los que deben además, proveer una
explicación satisfactoria y convincente para desvirtuar las alegaciones sus
responsabilidades.
CASO 1: LA INSEGURIDAD, UN FLAGELO SOCIAL CON
RESPONSABILIDAD POLITICA
Las zonas rurales y el casco urbano, están siendo objeto de
una clara ola de robos y hurtos al menudeo. Circula un “vox populi” en
distintos lugares y es el de la complicidad con la jerarquía policial. A pesar
de las operetas mediáticas protagonizadas por comisarios, jueces, intendente y
ministro. De seguridad, el flagelo no se contiene ni desaparece. Apelan al
cambio de figuritas o a promesas incumplidas, pero nada dicen del avance del
ajuste, la inflación y la falta de oportunidades educativas y sanitarias que
padece la gran masa de correntinos y que las verdaderas causas que hay que
atacar con medidas políticas para terminar con esos flagelos. En medio de estos
hechos contra la propiedad privada proliferan , de manera agigantada las
denuncias por abuso sexual, violaciones, torturas policiales, violencias de
género en todas sus variantes y otras violencias institucionales. LOS QUE DEBEN
LEVANTAR LA VOZ, LOS QUE DEBEN EJECUTAR POLITICAS PARA ERRADICAR ESOS FLAGELOS,
NO DICEN NI HACEN NADA. Denunciamos que todos esos males son producto de la
degradación de un sistema de organización que no solo ataca a los trabajadores
sino que utiliza o conserva en la impunidad a los sectores más descompuestos de
sus instituciones, a veces para atacar, y otras para mantener disciplinados
principalmente a jóvenes y mujeres.
En medio de esta inacción de los gobernantes, nuestras
organizaciones sospechan del carácter
oportunista de FALSAS AGENCIAS DE SEGURIDAD cuando no de su complicidad con
altas fuentes jerárquicas de la policía, que, a través de desconocidos
personajes intentarían contratar “servicios de vigilancias” en distintos puntos
de la ciudad.
Es por ello, que hemos radicado una denuncia en la Fiscalía
para que se investigue el control laboral y la inspección legal de esa supuesta
agencia de seguridad y de quien sería su principal referente un Sr. que dice
llamarse Marcos Daniel Galloso. Entre otros puntos, hemos solicitado: a)
certificación actualizada de habilitación. B) formulario DGI alta empresa c)
Formulario autenticado de pólizas de seguro d) Constancia servicio emergencia
médica a la cual está adherida la empresa e) Constancia de los vigiladores de acuerdo a las leyes y
convenios laborales f) Constancia habilitación Municipal.
Atendiendo a estas peticiones, la denuncia que es acompañada
con 6 folios de fundamentos, se radicó el 27 de mayo del 2016 en la Fiscalía de
Instrucción y Correccional de Menores y ante el Secretario Dr. Mariano Bautista
Duarte.
CASO 2: NINO LARGUERI
El expediente sobre el asesinato de Nino Largueri está
girado a la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Corrientes, y en el mismo,
están imputados y procesados los policías Cristian Ibalo, Ramón Goin, Walter
García y Roberto Aguirre. La figura es la de PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD
POR ILEGALIDAD FORMAL Y VEJACIONES AGRAVADAS POR EL MODO.
Nosotros: Rechazamos y repudiamos esa caratula con la que
resolvió el Juez Alegre estos procesamientos ya que se “olvidó” de investigar
que NINO apareció muerto.
Resulta vergonzosa la percepción de este juez (fs. 756)
quien dice que Largueri, despu+es de todos los tormentos recibidos por los
policías en los descampados y a la noche “ no se hallaba DESA,ÁRADP” y despreciamos la actitud descarada de esa
autoridad judicial al decir (Fs. 762d) que los hermanos Andrade se mantuvieron
“desinteresados para aportar datos al esclarecimiento del hecho”.
Desde nuestras organizaciones RECUSAMOS la tarea instructiva
del Juez Alegre para quien NINO se encontraba ABANDONADO por su entorno
familiar (Fs. 764) Tambien RECUSAMOS la criminalización de la protesta que hace
este funcionario (Fs. 761/762) contra miembros de la CODEJU y OS
En esta ocasión, venimos a demostrar nuestro seguimiento y
consecuencia con la causa a partir de dos elementos que serán incorporados al
expediente de NINO:
- a) UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN de la Cámara de Diputados de la Nación por la cual expresan su preocupación por las irregularidades que el Juzgado de Instrucción a cargo del Juez Alegre provocó en la causa que se investiga el homicidio de Sebastián Largueri y donde manifiestan su solidaridad con el reclamo de justicia.
- b) Por otra parte, estaremos llevando a Corrientes el excelente trabajo que nos hicieran desde la CORREPI (Coordinadora contra la represión policial). La Dra. María del Carmen Verdu (eminente jurista y de larga trayectoria en los juicios contra la impunidad en los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar) quien, frente al derecho de peticionar a las autoridades a través de la figura de AMIGOS CURIAE ha resaltado una serie de elementos de análisis que podrían ser de utilidad para la causa. Parte del extenso trabajo, dice lo siguiente:
- NINO fue objeto de tortura seguida de muerte en manos de funcionarios policiales (“golpes de puños en las costillas, golpes, patadas y cachiporrazos en distintas partes del cuerpo… como ser rostro, piernas y zona intercostal, todo ello con la finalidad de mortificarlo, humillarlo y producir un sufrimiento excesivo”) , palabras expuestas por el Juez Alegre a la hora de decretar procesamiento. Es una descripción clara (dice Verdu) para calificarla como tormentos a menos que se pretenda banalizar el delito de tortura. LARGUERI, no padeció simples “molestias” o “humillaciones” sino que fue percibido por diversos testigos que fue torturado y eso se agrava en su condición de discapacidad mental. No se trató de un forma simple de tortura, SOBREVINO LA MUERTE!!
- 2En esta causa (concluye Verdu) el poder judicial y el ministerio público tienen la oportunidad de demostrar que no responden a la lógica de legitimación por acostumbramiento de la práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad argentinas. Tienen oportunidad de señalar, sin resquicio para la duda, que la tortura es un delito de lesa humanidad, un crimen de estado, y como tal la más repudiable conducta delictual posible, pues compromete no solo al ejecutor material sino al aparato estatal que lo cobija. Tieen la oportunidad de demostrar que los jueces y fiscales argentinos repudian y condenan no solo las torturas cometidas hace 40 años, durante el régimen dictatorial, sino que con la misma vara miden a los torturadores que obran al amparo del estado de derecho.
CODEJU
OPINION SOCIALISTA
3/6/2016
La muestra fue momento oportuno para la apertura de la muestra fotográfica antirepresiva de autoría de Mauricio Centurión, compoblano, ex compañero de escuela de Nino Largueri, hoy domiciliado en la provincia de Santa Fe. Con su testimonio gráfico refleja diferentes situaciones registradas en distintos puntos del territorio argentino. La exhibición de su trabajo estará abierta al público durante treinta días en los salones de la Estación del Este.Monte Caseros - Corrientes - Argentina
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